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Comisiones Unidas aprueban cronograma para consulta pública a personas con discapacidad
Congreso aprueba financiamiento para impulsar el Plan Bienestar Metropolitano.
La inversión estará dirigida a proyectos de agua potable, movilidad y seguridad;
El Pleno también aprobó la reforma constitucional que armoniza la legislación de Yucatán con la reforma federal al Poder Judicial.
Mérida, Yucatán, 24 de agosto de 2026
En el tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó por mayoría con 31 votos a favor y tres en contra el dictamen que autoriza al Poder Ejecutivo contratar durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027 uno o más financiamientos por hasta 1,562 millones de pesos, destinados exclusivamente a inversión pública productiva para fortalecer proyectos contemplados en el Plan Bienestar Metropolitano, principalmente en los ejes de agua potable, movilidad y seguridad.
El dictamen también autoriza realizar operaciones de refinanciamiento de deuda pública existente por hasta 9 mil 267 millones 732 mil 161.84 pesos, así como la contratación de instrumentos derivados de cobertura y la modificación de la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2026. Los financiamientos que se contraten deberán ser inscritos en los registros estatal y federal correspondientes.
Al posicionarse a favor del dictamen, la diputada Naomi Raquel Peniche López (morena) destacó que el Plan Bienestar Metropolitano parte de un proceso de diálogo en el que se recabaron más de 34 mil participaciones ciudadanas, que colocaron al agua potable, la movilidad y la seguridad como las principales prioridades para Mérida y su zona metropolitana. Señaló que el crecimiento de la ciudad debe estar acompañado de infraestructura y mejores servicios que permitan elevar la calidad de vida de las familias.
Comentó que el financiamiento se destinará a inversión pública productiva y que, al sumarse los recursos estatales y el respaldo de la Federación, la inversión para el Plan superará los 4 mil 400 millones de pesos. Añadió que se contemplan mecanismos de transparencia y un comité de seguimiento con participación empresarial, académica, social y legislativa para vigilar la aplicación y los resultados de los recursos.
A favor del dictamen también se pronunció el diputado Bayardo Ojeda Marrufo (morena), quien destacó las necesidades que enfrenta la zona metropolitana ante su crecimiento y señaló la importancia de invertir en infraestructura de agua potable, seguridad y movilidad, privilegiando particularmente a peatones, ciclistas y personas con discapacidad dentro de los nuevos proyectos viales.
Por su parte, los diputados Roger José Torres Peniche y Álvaro Cetina Puerto, del PAN, respaldaron el dictamen y coincidieron en la necesidad de atender los problemas de agua potable, movilidad y seguridad, así como en establecer mecanismos de vigilancia y seguimiento para garantizar el correcto ejercicio de los recursos.
En contra del dictamen se pronunciaron los diputados Gaspar Armando Quintal Parra, del PRI, Javier Renán Osante Solís, así como la diputada Larissa Acosta Escalante ambos integrantes de Movimiento Ciudadano. Finalmente fue aprobado en lo general por mayoría de 31 votos a favor y tres en contra.
En otro asunto de la sesión extraordinaria, el Pleno aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación mediante el cual se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán para armonizarla con la reforma constitucional federal en materia del Poder Judicial.
Entre sus disposiciones, la reforma realiza adecuaciones al marco constitucional estatal relacionadas con la organización y el proceso de elección de integrantes del Poder Judicial. Asimismo, establece que la elección judicial prevista para el año 2027 se realizará en los términos correspondientes y contempla disposiciones para el proceso electoral judicial de 2028.
Con estas determinaciones, el Congreso del Estado avanzó en la atención de proyectos estratégicos para el desarrollo de la zona metropolitana de Mérida y en la actualización del marco constitucional de Yucatán conforme a las disposiciones federales en materia del Poder Judicial.
No habiendo más asuntos que tratar, la mesa directiva declaró concluido el tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legislativo.
Al término, en Junta Preparatoria, se aprobó la integración de la Mesa Directiva para el primer periodo de sesiones del tercer año correspondiente de la LXIV Legislatura, quedando integrada de la siguiente manera: diputada Naomi Raquel Peniche López presidenta, diputado Mario Alejandro Cuevas Mena vicepresidente, las diputadas Itzel Falla Uribe y Maribel del Rosario Chuc Ayala como secretarias, y como secretarias suplentes las diputadas Larissa Acosta Escalante y Rosana de Jesús Couoh Chan.
La nueva integración estará al frente en el periodo del 1 de septiembre al 15 de diciembre del presente año y la sesión inaugural de este periodo se llevará a cabo el próximo martes 1 de septiembre a las 10:00 horas.
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Mérida, Yucatán, 24 de agosto de 2026
Las Comisiones Permanentes Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Salud y Seguridad Social del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad el cronograma de actividades para llevar a cabo la consulta pública dirigida a personas con discapacidad, estableciendo las distintas etapas que permitirán garantizar su participación en el proceso legislativo.
El cronograma contempla las etapas preparatoria, de acuerdos previos, publicación de la convocatoria, informativa, deliberativa, consultiva, valoración y sistematización de resultados, así como del seguimiento y elaboración de los dictámenes correspondientes.
La etapa consultiva contempla la realización de foros regionales durante octubre en los municipios de Progreso, Valladolid, Tekax, Mérida e Izamal, con el propósito de acercar este ejercicio a las personas con discapacidad y garantizar su participación directa. Posteriormente, los resultados serán sistematizados e incorporados al trabajo de las comisiones dictaminadoras.
Durante la sesión, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil (morena), destacó la importancia de retomar y cumplir correctamente con el proceso de consulta para que los beneficios contemplados en las reformas puedan convertirse en una realidad para las personas con discapacidad. Asimismo, reconoció la disposición de las distintas fuerzas políticas para alcanzar acuerdos en temas que impactan directamente en la ciudadanía.
“Lo importante es hacer las cosas correctamente para que esos beneficios que deben llegar a la gente, sobre todo a las personas con alguna discapacidad, sean pronto una realidad”, expresó. Agregó que, más allá de las diferencias ideológicas, la LXIV Legislatura debe distinguirse por construir acuerdos y buscar siempre el bien común.
Por su parte, la diputada Clara Paola Rosales Montiel, de morena, señaló que la aprobación del cronograma es resultado del trabajo realizado para garantizar que la consulta cumpla con los parámetros legales correspondientes y permita escuchar directamente a las personas con discapacidad. Subrayó que las leyes que incidan en este sector deben construirse con su participación, particularmente en temas relacionados con condiciones laborales, tarifas sociales notariales y otras medidas que puedan mejorar su calidad de vida.
El presidente de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (morena), llamó a mantener un trabajo coordinado durante todo el procedimiento para cumplir con cada uno de los requerimientos de la consulta y garantizar su adecuado desarrollo.
En su intervención, el diputado Gaspar Armando Quintal Parra, del PRI, destacó la importancia de atender el procedimiento constitucional de consulta y respaldó que el Congreso avance en su realización.
Finalmente, la presidencia instruyó a la Secretaría General realizar la distribución del acuerdo aprobado y continuar con las acciones previstas en el cronograma para el desarrollo de la consulta pública dirigida a personas con discapacidad.
Vale la pena recordar que este proceso de consulta emana del cumplimiento de las acciones de inconstitucionalidad 117/2021 y 99/2022; relativas a la tarifa social en materia notarial y mejor de condiciones laborales y de salvaguarda para personas con discapacidad.









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